Una nueva iniciativa legislativa busca transformar el panorama tributario en el Perú. El proyecto de ley presentado por el congresista Ilich Fredy López Ureña propone reducir de manera progresiva el Impuesto General a las Ventas (IGV) del actual 18 % a un 15 % para el año 2029. La medida tiene como objetivo aliviar la carga fiscal de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) y promover su incorporación al sistema formal.
Reducción del IGV de forma progresiva hasta 2029
La propuesta establece una disminución gradual de la tasa del IGV durante los próximos cinco años. La idea es fomentar la formalización de las MYPEs, que en muchos casos enfrentan barreras económicas y administrativas para cumplir con sus obligaciones tributarias. Esta rebaja también está diseñada para incentivar el consumo interno y dinamizar la economía, especialmente en sectores productivos donde predomina la informalidad.
¿Cómo se compensará la baja en recaudación?
Para mitigar el impacto que esta reducción tendría en las finanzas del Estado, el proyecto incluye un incremento temporal del 1 % en el Impuesto a la Renta (IR). Este ajuste busca mantener el equilibrio fiscal sin comprometer los ingresos tributarios esenciales para la sostenibilidad del gasto público.
¿Qué impacto tendría esta medida en el sector inmobiliario?
Aunque la propuesta no está dirigida exclusivamente al rubro inmobiliario, sí tendría efectos importantes, tanto directos como indirectos:
1. Beneficio para MYPEs del sector inmobiliario
Muchas empresas dedicadas a la construcción, corretaje, administración de inmuebles, mantenimiento, tasaciones o asesorías técnicas califican como MYPEs. Una menor carga de IGV podría reducir sus costos operativos y aumentar su competitividad en el mercado.
2. Estímulo a la formalización en actividades inmobiliarias
Uno de los grandes retos del sector es la informalidad: desde alquileres sin contrato hasta ventas sin facturación adecuada. Un régimen más favorable puede motivar a pequeños operadores a formalizarse, permitiéndoles acceder a financiamiento, garantías y mejorar la transparencia de sus operaciones.
3. Efecto positivo en servicios complementarios
Servicios como arquitectura, diseño, gestión de trámites municipales, consultorías legales o marketing inmobiliario también están sujetos al IGV. Si estos servicios son brindados por MYPEs, la reducción del impuesto puede abaratar costos para los desarrolladores y compradores finales.
4. Posible impacto en empresas medianas y grandes
El aumento temporal del Impuesto a la Renta podría afectar a inmobiliarias consolidadas con márgenes amplios y altos niveles de facturación, especialmente aquellas con proyectos activos en venta de unidades nuevas (donde sí se aplica IGV). Si bien es un ajuste moderado, puede generar una revisión de estrategias fiscales y comerciales.
¿Qué operaciones inmobiliarias pagan IGV actualmente?
Es importante aclarar que no todas las operaciones inmobiliarias están sujetas al IGV. Por ejemplo:
- La venta de inmuebles usados está exonerada.
- La venta de inmuebles nuevos por constructoras sí está gravada con IGV.
- Los servicios profesionales formales vinculados a la actividad inmobiliaria también están afectos.
Por tanto, una baja del IGV tendría efecto sobre inmuebles nuevos y servicios conexos, mas no sobre propiedades de segunda venta o alquileres entre particulares, que suelen estar exonerados o sujetos a renta de primera categoría.
La iniciativa aún debe pasar por una evaluación técnica, debate político y aprobación en el Congreso. Sin embargo, ha abierto una discusión sobre la necesidad de una política tributaria más flexible, que incentive el crecimiento económico sin descuidar la estabilidad fiscal.
La reducción del IGV propuesta no solo tiene implicancias fiscales, sino que puede representar una oportunidad estratégica para el sector inmobiliario, especialmente para aquellas empresas que operan en la informalidad o en rangos pequeños de facturación. Una política tributaria más accesible podría facilitar la incorporación de miles de actores inmobiliarios al sistema formal, generar mayor transparencia y estimular el desarrollo ordenado del mercado.
FUENTE: RPP
